Autor: JLGQ
Un espanto en la pantalla
Creo recordar que era Machado quien decía, que el pecado que se le hacía más difícil de perdonar era el de escribir un mal drama en cinco actos, porque nada había más fácil que no escribirlo. Me acordaba de este juicio mientras me removía en mi asiento lamentando el espantoso crimen perpetrado contra el séptimo arte por un tal Florian Maria Georg Christian Graf Henckel von Donnersmarck al hacer una película titulada The Tourist. El tipo del nombre largo ya había perpetrado La vida de los otros, una película pesada, oportunista y mua apta para el entusiasmo de los bienpensantes, pero esto de ahora es menos disculpable que el atracón de buena conciencia, ahora que ya no parece haber mucho peligro.
Haber gastado el dineral que habrá supuesto este bodrio es imperdonable. Soportar a la hierática hija de John Voigt haciendo de Audrie Hepburn, o algo así, es un tormento digno de los más refinados sadistas. Solo es soportable la aparición de Timothy Dalton, aunque sea para maltratar a Paul Bettany que hace su habitual papel de tonto. No vayan a verla, me lo agradecerán. Hasta Venecia parece un poco hortera, y confieso haber recordado con alivio el día que vi Copia certificada, lo que me parece que me exime de cualquier otro comentario.
Años muy difíciles
Un final digno para ETA
La democracia española ha pasado sus peores momentos a causa del terrorismo, y miles de españoles han sufrido en carne propia su crueldad, su estupidez y su locura. Ha costado mucho mantener una política firme y clara, y en el largo camino de estas décadas se han llevado a cabo, por unos y otros gobiernos, algunas acciones y cesiones que seguramente no debieran haber existido. Nuestra democracia ha podido ser víctima de su buena intención, de su deseo de paz, pero ya debería estar firmísimamente asentada la idea de que el problema de ETA nunca debiera haber dejado de ser un asunto que cualquier Estado serio confía, sin más, al trabajo ordinario de la policía y la ley. Desde el comienzo de su gobierno, por el contrario, Zapatero se ha dejado seducir por la tentación de construir una política pretenciosa e imaginativa, una política para su lucimiento, a propósito de ETA, y, en alguna medida con su colaboración, pero ya ha recibido su ración de desengaño de la manera más desairada posible. De esa tentación quedan todavía unos rescoldos que, de vez en cuando se insinúan, en declaraciones de unos u otros ministros, en desiderátums o en actitudes que, francamente, no son fáciles de explicar. Cuando se cumplen cuatro años del atentado que dinamitó el mal llamado proceso de paz no es lógico que subsistan dudas de ningún tipo sobre cuál deba ser la posición inamovible del Estado y del conjunto de las fuerzas políticas sobre el final del aquelarre etarra. Quedan, sin embargo, viejas querencias del intento de convertir a Otegui en un estadista y en un hombre de paz, o de presentar a De Juana Chaos como un benemérito ciudadano que ha pagado sus deudas con la justicia y con el conjunto de los españoles.
El gobierno, que nos representa a todos, tiene la obligación de ser paciente, no vaya a ser que el comprensible deseo de ver el final de ETA se convierta en un as en la baraja de la banda, en una injusta victoria final, por pequeña que fuere, de esa panda de asesinos. Nadie nos va a ganar a alegría el día que ETA deje de existir, pero ese intenso deseo que todos compartimos no debiera nublar nuestra vista. A día de hoy, cuando la patronal vasca denuncia que continúan las cartas de extorsión de ETA, cuando ETA sigue actuando, el gobierno no debe dejarse llevar por las prisas, y tiene que mantenerse firme como garante de la actitud y los deseos unánimes de la sociedad española frente a una organización criminal que, aunque nos haya inquietado e indignado, nunca ha podido tener la menor oportunidad de vencernos. Es un tanto desconcertante, por tanto, que Batasuna pueda asegurar a sus seguidores que tiene «garantías» de que estará en las urnas en las ya muy próximas elecciones de mayo, aunque no sea capaz de disimular su impaciencia y desasosiego por la demora que afecta al supuesto pronunciamiento de la banda, a las actuaciones capaces de mostrar, de manera concluyente y definitiva, que el núcleo duro de los asesinos con armas en la mano vaya a ser capaz de disolverse y entregar sus armas y pertrechos.
No queremos más retórica, ni más promesas infundadas. La debilidad de ETA, no se le escapa a nadie, es la consecuencia de una derrota policial, judicial y política que sería demencial poner en bancarrota. Tienen que ocurrir cosas que nos alegren el semblante, pero que nadie juegue con los apaños, con chapuzas, con darnos gato por liebre en un asunto tan grave y tan largo, porque el único final digno para ETA es aquel que no sea indigno para todos los demás, para la democracia.
[Editorial de La Gaceta]
La prensa, la justicia y el poder
El poder, decía Lord Acton, tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La prensa ejerce también un poder y lo ejercería de modo corrupto si confundiese su función, la de informar con veracidad, con, por ejemplo, la función del poder ejecutivo, o con la del legislativo o la del poder judicial. Nuestra función no es mandar, ni legislar ni juzgar, y, aunque algunos medios jueguen con descaro a suplantar esos poderes, nosotros sostenemos con claridad, y procuramos atenernos a ello, que nuestra función se limita a informar, a hacer que el público sepa lo que ocurre, sin emitir sentencias ni imponer castigos. Sabemos muy bien que nuestra función no es ni juzgar conforme a la ley ni, menos aún, sancionar como si el delito estuviese probado con todas las garantías que la presunción de inocencia exige.
Esta cautela ética y jurídica nos mueve a informar solo de lo que sabemos con certeza, refiriéndonos exclusivamente a hechos que hayamos comprobado de manera fehaciente a través de diversas fuentes independientes, de manera que lo que se nos puede exigir es que nuestras informaciones se correspondan con la verdad, con situaciones que, caso de no ser ciertas, se podrían desmentir con facilidad por los afectados negativamente por ellas. Pues bien, en nuestro caso, podemos decir con orgullo que nunca ha sido así. Tras las abundantes y precisas noticias que hemos ido dando sobre las conductas sorprendentes, escandalosas y presuntamente delictivas de algunos personajes públicos, como la ex vicepresidenta De la Vega, el presidente del Congreso señor Bono, o, más recientemente, los casos de algunos fiscales y jueces de las Baleares, nunca ha podido nadie demostrar que hayamos mentido, falseado o deformado ninguna de esas informaciones que han sido, evidentemente, de enorme interés público, porque a los ciudadanos les interesa muy mucho saber cómo actúan sus representantes, y cómo son las personas que tiene la responsabilidad y el poder de juzgarles. No ha sido nuestra misión condenar, sino informar, y hemos confiado siempre en que el estado de derecho tendrá los medios adecuados para sancionar, cuando sea el caso, las conductas que nos ocupamos en descubrir por su interés, su relevancia y, en su caso, por su falta de ejemplaridad, por su hipocresía.
Esa es nuestra misión y la cumplimos con orgullo, poniendo todo el interés y el esfuerzo profesional del que somos capaces. Al hacerlo, estamos seguros de contribuir a consolidar la libertad, la democracia y la ética pública. Precisamente por eso nos sentimos con derecho a reclamar que los demás cumplan también con sus obligaciones, sin pretender que seamos nosotros quienes agotemos el significado judicial y político de estas cuestiones. En este sentido, es especialmente llamativa la actitud remisa y sumisa del PP balear quien parece víctima de un síndrome de Estocolmo que le lleva a no apreciar en su gravedad el tipo de hechos que estamos denunciando y a no sacar las consecuencias políticas pertinentes. El PP balear ya ha pagado en términos de desprestigio y electorales las actuaciones de su exlíder, de manera que debería sentirse libre para denunciar las conductas de quienes dicen una cosa y hacen otra, de quienes practican la ley del embudo, de quienes consideran que el delito depende de quién lo cometa, y no de la ley que debería regir para todos. Al guardar un silencio cómplice, el PP aumenta su debilidad y se prepara para recibir golpes aún más arbitrarios que los que ha recibido: sus votantes no se merecen una conducta tan cobarde.
[Editorial de La Gaceta]
Un paraíso fiscal
Como todo el mundo sabe, son razones fundamentalmente prácticas las que explican la propensión de los llamados paraísos fiscales a establecerse en territorios insulares. Las Baleares no gozaban, hasta la fecha, de esa sospechosa fama paradisíaca, pero vistas las informaciones que está arracimado La Gaceta, pronto habrá que cambiar de idea. Baleares está siendo un paraíso fiscal para su personal judicial, una modalidad nueva de paraíso, pero una de las más seguras y, en teoría, más al abrigo de la suspicacia de las leyes, pues quienes las aplican se encargan de que nadie investigue a los fiscales y/o jueces que agreden los intereses del común, del fisco que dicen y debieran defender. Nada menos que tres fiscales de Baleares, Pedro Horrach, Juan Carrau y Adrián Salazar, son titulares de patrimonios sospechosos en la medida en que recurrieron a una conducta absolutamente impropia cual es la de consignar en documento público un valor para su predios muy por debajo de su valor de mercado. Una conducta enteramente similar ha sido uno de los motivos por los que estos mismos señores empapelaron de manera inequívoca al señor Matas que, para su desgracia, no ostentaba la condición de fiscal.
Ante la pública evidencia de estas irregularidades, un presunto delito fiscal, faltas tipificadas como graves en el estatuto profesional, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomeu Barceló, ha tenido la ocurrencia de argumentar que no piensa llevar a cabo ningún tipo de actuación porque, a su sospechosos entender, las astucias fiscales de sus colegas constituyen únicamente “una cuestión privada y personal”. Con doctrinas como esa es como se consolida la fama paradisíaca de las Islas: basta con ser fiscal para que nadie te moleste por birlar 3.966 euros a la hacienda pública cuando te compras un ático en Palma, como hizo el fiscal jefe anticorrupción, Juan Carrau, el hombre adecuado en el lugar preciso, o por aplicar un bajonazo de apenas un millón de euros el valor declarado por un chaletito en Calviá, como hizo Adrián Salazar, fiscal antidroga.
¿Qué hará Pumpido ante un asunto tan incómodo? ¿Se consolará comprobando la fidelidad y la astucia de sus fiscales o les aplicará la ley común? Ya sabemos, por las noticias del caso Malaya, que al fiscal general le preocupa la buena fama de los fiscales, empezando por la suya propia, de manera que es muy probable que decida no ampliar el escándalo dejando que se impute a individuos tan solícitos, pero que no se confunda pensando que este caso vaya a caer pronto en el olvido, porque hay materia suficiente como para que, en algún momento, un juez decente acabe por tomar cartas en un asunto tan desagradable y que ensucia la buena fama de la justicia balear, y, más aún, después de haberse sabido, como publicó recientemente La Gaceta, que también el juez que instruyó el caso contra Matas obtuvo en el Banco una tasación que multiplicaba por dos el valor declarado de la por su casa. En interés de la justicia habría que depurar con la máxima rapidez este estatuto de exención de las obligaciones con la hacienda pública que parece afectar a un sector muy específico del personal judicial de Baleares.
¿Qué hace mientras tanto el PP balear? Nada. Afectado, al parecer, por la conducta poco ejemplar de Matas, parece estarse olvidando de que combatir la corrupción, pues no se trata de otra cosa, es una obligación inexcusable de cualquier partido que pretenda ser decente, sin miedo alguno a lo que se pueda decir, y sin olvidar que el silencio es una forma muy precisa y cobarde de complicidad.
La idoneidad de Zapatero
Cobrar porque salga el Sol
En el limbo, entre Vodafone y Movistar
Bruc
Pocas cosas me producen mayor satisfacción que poder hablar bien de una película española, aunque solo sea por lo raro que resulta. Bruc es una cinta que reúne una serie rara de virtudes, y, aunque no esté exenta de defectos, estos no son siempre los aparentemente inevitables en una producción nacional. Para empezar, lo que cuenta Bruc es interesante y visualmente atractivo. El argumento es suficientemente original y está planteado en el lugar justo: entre la leyenda y la historia. Lo que se narra es la persecución de un guerrillero avant la lettre, al que los napoleónicos atribuyen una derrota humillante de su ejército y al que pretenden exhibir como trofeo y arma de propaganda. Los guionistas han jugado con habilidad, y han transformado al niño tamborilero de la leyenda en un joven carbonero, hábil cazador y magnífico conocedor de un entorno difícil que, además, está teñido por el temor legendario que siempre provoca lo sagrado como ocurre con las inmediaciones de Montserrat. Asistimos entonces a una batalla desigual pero equívoca, en la que la víctima se transforma en verdugo de manera inexorable, un tema que la película asume conscientemente al acabar con una frase de Napoleón según la cual el inicio de la guerra de España fue el comienzo de la desgracia de Francia.
Tal vez haya habido un exceso de adaptación a las modas más recientes en películas de género más o menos similar, pero esto, aparte de difícil de evitar, es pecado menor. El caso es que cuesta creer que estés viendo sucesos de 1808 porque el aire general resulta demasiado contemporáneo, aunque tal vez me equivoque. La película no cansa, la acción está conducida con pericia, hay suficientes referencias realistas, las familias, y románticas, la novia, como para que la película no sea una fantasmada a lo Rambo. La música es también acertada, y, lo único que falla, si acaso, es la credibilidad de las armas y efectos especiales que, en cualquier caso, está mucho más cerca de o correcto que de lo esperpéntico.
Los productores se han atrevido, y no es mérito pequeño, a hacer una película catalana y española a la vez, lo que no debería ser extraño, pero hay que reseñarlo. Cataluña y España son tan inseparables como lo ha sido su historia y ese momento especial de guerra al francés es un sello sangriento y nobilísimo de esa hermandad, cosa que muy bien supieron ver nuestros grandes novelistas, Peréz Galdós y Baroja, tan desaprovechados por el cine, por cierto. La historia que nos cuenta Bruc no habría desmerecido la pluma de ninguno de ellos y es un soplo de aire fresco en entornos tan enrarecidos y envilecidos como lo son el cine y la política española.