El Corte Inglés
Un poli en la tele
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Sentiría molestar los oídos de los admiradores de nuestro benemérito juez empleando para sus andanzas un titular malsonante porque recuerda a una campaña de Bush, pero son cosas que pasan. Por si alguno de estos admiradores no lo saben, infinito es lo mismo que ilimitado, y lo contrario de ambas palabras se puede expresar de muchas maneras: límites, fronteras, cortapisas, trabas, restricciones y un largo etcétera.
Bien, pues ahora verán por qué me ha venido a la cabeza la infinitud, y esta vez no ha sido por las virtudes de nuestro superjuez. Recuerdo unas declaraciones garzonianas sobre cuánto lamenta las trabas a la Justicia universal, el hecho de que no se pueda detener a los malhechores preferidos del juez, aunque haya otros de los que ni se acuerda, no va a hacer él solo todo el trabajo. De todos modos, dada la finura intelectual de nuestro audaz magistrado, me pregunté sobre qué podría entender exactamente por tal cosa y, cuando estaba inmerso en profundas cavilaciones, una noticia aparentemente insulsa, me lo aclaró todo: parece ser que el abogado de unos de los implicados en la minuciosa trama del caso Gürtel, se quejaba de que hubiesen grabado sus conversaciones con su cliente, precisamente mientras Garzón se ocupaba amorosa y profusamente del caso.
Lógicamente, convencido como está de que hay que modernizar la justicia para salir en el telediario, ha debido pensar que ya está él ahí para decidir lo que haya que limitar, en cada caso, y lo que pueda y deba ser ilimitado para el beneficio de la justicia, universal, por supuesto.
¿Cómo puede pretender un abogado que el juez tenga las manos atadas? ¿Hasta dónde pretende llegar un sujeto a sueldo de gentes indignas para librar a sus clientes de las garras de la imparcial y sabia justicia garzonil? Los españoles tendemos a ser muy injustos con Garzón, y lo somos cuando nos olvidamos de su condición excepcional y su derecho a sobrevolar la legislación en beneficio de todos y de la justicia, universal, por supuesto. No hemos sabido ver lo que continuamente hace por todos nosotros y por nuestras instituciones, por los Gobiernos de izquierda, por los Bancos que saben ayudar a las universidades prestigiosas, por los magnates de la prensa, por los príncipes de la paz que tratan de superar el conflicto vasco, en fin por la justicia, universal, por supuesto. Llevados de la mala costumbre de criticar a un juez que tanto se desvela por la justicia, universal, por supuesto, algunos abogados a sueldo de facinerosos se atreven a pretender que él no pueda espiar las comunicaciones de los delincuentes con sus cínicos defensores, ni hacer que no figure en el sumario aquello que pudiera desacreditar sus nobilísimas causas. ¿Cómo se puede pretender que la justicia, además de ciega, tenga las manos atadas, cuando el crimen es tan flagrante como el de los engominados? ¿Acaso el público no comprende que, a base de garantías, se pueden acabar escapando y que se crearía un agravio con el PSOE de Filesa? ¿Es que queremos estigmatizar al más diligente de nuestros jueces que tiene tanto trabajo que quiere quitarse el caso Faisán de encima? Pues bien, así no hay manera de hacer la justicia universal que le gusta a Garzón, conviene que se sepa.
El levantamiento, parcial, del secreto del sumario sobre la trama corrupta, montada entorno a algunos dirigentes del PP, deja a la vista un panorama de auténtica podredumbre, un verdadero camión de estiércol que caerá directamente sobre el PP si sus líderes, y todos los que no están afectados por esta clase de basura, no se apresuran a poner de patitas en la calle a cuantos aparecen implicados de una u otra forma en este lodazal.
El único capital del PP reside en sus votantes y no pertenece sino a estos. Nadie posee los votos del PP, salvo los mismos votantes. Ni Rajoy, ni Camps, ni nadie son dueños del PP; sin embargo, Rajoy, y otros muchos con él, sí es el responsable de que la organización política del PP se ponga al servicio de sus votantes, de sus ideas y de sus intereses, y, por ello, al servicio de España; esto supone una obligación dura de cumplir que es la de apartar de la manera más inmediata y decidida a cuantos aparecen implicados en este albañal. No hacerlo así, supondría un grave perjuicio para el PP, porque sus votantes tendrían derecho a pensar que no merece la pena esperar nada de un partido que no se sacude con convicción y con energía a la clase de individuos, codiciosos, estúpidos y corruptos que se muestran en esta trama. Es evidente que hay un cierto riesgo moral en condenar sin pruebas a alguno de ellos, por lo que, en su caso, habría que rehabilitarlos una vez que hubiere quedado clara su inocencia, pero ahora mismo es peor dejarse llevar por la presunción de inocencia que ponerla en suspensión ante los serios indicios aducidos en el sumario.
Hay personas muy conocidas que no deberían seguir un minuto más en el partido que, al parecer, les ha servido para granjearse relojes de lujo, miles de euros extra, o automóviles de regalo, a cambio de favores inicuos con pólvora del rey, a cambio de robar a todos, poco a cada uno pero a todos, justo lo último que se espera de alguien que aspira a ser un servidor público.
Los dirigentes del PP se enfrentan a una urgente necesidad de deslindar el grano de la paja y no debieran, bajo ninguna excusa, demorar el cumplimiento de una obligación desagradable pero benéfica, para que los militantes y los votantes del PP puedan seguir llevando la cabeza alta, sin tener la sensación de ser unos estúpidos que se esfuerzan para que cuatro mangantes mejoren su tren de vida. No ha de haber ningún miedo a que una limpieza, que debiera ser, si cabe, más excesiva que temerosa, pueda causar un daño al partido: lo que, en cambio, podría causar un deterioro irreparable en la confianza de los electores y en el sentido de su voto es la sensación de tibieza, que el PP se entregase, como hasta ahora parece haber hecho, a una campaña de autodefensa al servicio de quienes no la merecen.
[Publicado en Gaceta de los negocios]
Según informa el Comisariado Europeo del Automóvil, CEA, el 91% de los automovilistas está en contra de la reforma de la ley sobre tráfico, lo que no tiene nada de particular si se cae en la cuenta de que se ha hecho una ley para perseguir a los automovilistas y sacarles toda la pasta que se pueda con unas multas tan inapelables como absurdas. CEA ha creado una plataforma web www.cea-online.es/reforma_ley.html, donde los automovilistas pueden dejar sus comentarios y opiniones. No estaría mal que el resultado pudiese ser abrumador porque hay que tratar por todos los medios de combatir lo que se nos viene encima, aparte de que puede servir de desahogo.
CEA cree que la reforma es inconstitucional, cosa que me parece cegadoramente evidente, pero cuando hay dinero de por medio este gobierno, y los políticos en general, cree que todo esto de los derechos son paparruchas. La ley pisotea el derecho a la presunción de inocencia porque su única finalidad es incrementar la recaudación mediante más y más multas de circulación, y para ello es conveniente que se pueda considerar delincuente a cualquiera que convenga. El conductor deberá pagar sin conocer con precisión qué clase de pruebas le inculpan, y perderá el derecho a que la administración haga dos intentos de notificación en su domicilio que es lo que establece con carácter general el procedimiento administrativo vigente. Se pierde también el derecho al recurso de alzada de manera que la DGT se convertirá en juez y parte a la vez, el sueño dorado de todo tirano.
Además de todo eso, que es muy grave, a la ley no le faltan detalles para amarrar al conductor o al propietario del coche multado: en fin, todo por la pasta. Lo que es increíble es que la oposición trague también con esto.
Esta mañana he leído las quejas sobre la burocracia de ciudadanos de Barcelona y de Madrid en los digitales que dedican espacio a este tipo de asuntos. Hay un denominador común, al menos hoy, a saber, la prepotencia y la chapucería de las administraciones, su ineficiencia, su desprecio absoluto hacia la credibilidad del ciudadano que se queja por una sanción injusta, un cobro indebido o por una arbitrariedad cualquiera. Aquí no rige el principio de la presunción de inocencia sino el de yo cobro, tú protestas y luego ya veremos… Es evidente que cualquier sistema de garantías puede servir para burlarse de la ley, como pasa cada día con delincuentes impunes gracias a una legislación penal inspirada en magníficos principios teóricos, pero poco atenta a proteger a las víctimas.
Con las administraciones pasa lo contrario: el ciudadano es culpable hasta que no se demuestre lo contrario y, en ocasiones, aunque lo demuestre. Somos miles los que hemos debido recurrir una tasa absurda, un error de bulto o una sanción que realmente correspondía al vecino.
Las administraciones se convierten en entidades tan complejas y gigantescas que llegan a olvidarse de que su función es el servicio al público. En ese preciso instante, comienzan a estar al servicio de sí mismas, se convierten en déspotas. La crisis económica va acentuar esta clase de disfunciones: habrá menos tráfico, pero habrá más multas, menos actividad, pero impuestos más elevados. Las administraciones son inmortales y de algo tienen que vivir: no pueden pararse a pensar en las amañadas disculpas de ese grupo de facinerosos que se dedican a poner recursos, a tratar de desprestigiarlas. Se impondrá la mano dura porque va a estar en juego el sueldo, y los complementos, de tanto funcionario devenido satrapilla por las artes de la letra menuda y por la condescendencia de un pueblo sobradamente escéptico como para intentar que los de arriba aprendan modales.
[publicado en Gaceta de los negocios]